Familias evangélicas fueron obligadas a firmar acuerdos ilegales, renunciando a su derecho a realizar servicios religiosos, para que se les restablezca el acceso al agua y a otros servicios básicos.

Dos familias evangélicas de la aldea La Mesa Limantitla, en la región Huasteca, estado de Hidalgo, no tuvieron otra opción que firmar este acuerdo que recortaba su derecho a su libertad religiosa, pero les facilitaba el acceso a los servicios esenciales.

A pesar del acuerdo firmado, recientemente fueron informadas en una reunión comunitaria, de que corren el riesgo de perder el acceso al agua nuevamente, si no pagan el resto de una multa que se impuso como parte del acuerdo.

Estas dos familias evangélicas, señalan que en un primer momento se negaron a firmar un documento similar renunciando a su fe en enero del año pasado, mientras que otras ocho familias de la misma aldea se vieron obligadas a hacerlo.

Como resultado de su negativa, las dos familias perdieron el acceso al agua, alcantarillado, programas de beneficios del Gobierno y el molino comunitario, cerrado para ellos durante más de un año hasta que firmaron un acuerdo el 15 de enero del presente.

En ese momento, las autoridades locales asumieron pagar parte de una multa exorbitante que formaba parte del acuerdo. Sin embargo, luego de varias reuniones de seguimiento, se informó a las familias, que podrían perder nuevamente los servicios esenciales porque las autoridades ya no pagarán el resto de la multa.

En julio del 2019, estas familias fueron amenazados con desplazamiento forzado por parte de líderes comunitarios si no hacían contribuciones financieras a las fiestas católicas romanas locales, y participaban en otras actividades que entraban en conflicto con sus creencias religiosas.

Los acuerdos ilegales, como los firmados por las familias evangélicas en la aldea de La Mesa Limantitla se utilizan a menudo en lugar de los mecanismos de justicia apropiados cuando se viola la ley y se violan los derechos de las minorías religiosas. En su mayor parte, estos acuerdos no dan lugar a resultados justos y a menudo provocan a nuevas restricciones a la libertad de religión o creencias.

La denegación de acceso a servicios esenciales como el agua y la electricidad para las minorías religiosas, el bloqueo de la asistencia escolar de los niños de las minorías religiosas, la detención arbitraria y el desplazamiento forzado son comunes en la región huasteca de Hidalgo, que tiene una gran población indígena.

La ley mexicana otorga a las comunidades indígenas el derecho de proteger su cultura y mantener las estructuras de gobierno tradicionales siempre y cuando se respeten los derechos humanos fundamentales protegidos por la constitución mexicana. Sin embargo, la falta de comprensión de estas disposiciones y la inacción del gobierno conducen a una alta incidencia de violaciones de derechos.

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